elargentinosf@gmail.com | 21-Sep-2017 04:59:55 am

Demanda al condado Miami-Dade por detenciones de inmigración

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingles) de la Florida presentó una demanda federal contra el condado de Miami-Dade y el alcalde Carlos Giménez por la detención de personas sin orden judicial para procedimientos de inmigración.

La demanda fue presentada en nombre de Garland Creedle, de 18 años, un ciudadano estadounidense que fue detenido el 12 de marzo por un supuesto incidente de violencia doméstica por el que no se le presentaron cargos.

Los abogados de Creede alegan que después de pagar su fianza el hombre debió ser puesto en libertad inmediatamente, pero en cambio las autoridades de Miami-Dade lo retuvieron para iniciar procedimientos de inmigración.

Creede, nacido en Honduras, es ciudadano estadounidense en virtud de la ciudadanía de su padre.

“Aunque Creedle tenía derecho a ser puesto en libertad inmediatamente después de pagar una fianza, los funcionarios de Miami-Dade lo mantuvieron en la cárcel basado en que es un ‘extranjero deportable’”, se indicó en la demanda.

La demanda de Creedle fue presentada junto con la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami y el bufete de abogados Kurzban, Kurzban, Weinger, Tetzeli y Pratt.
El procedimiento de los agentes está amparado en la política de detención del condado adoptada en enero por el alcalde Carlos Giménez siguiendo una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que eliminaría subsidios federales a los condados o ciudades que no cooperan plenamente con la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), las llamadas “ciudades santuario”.

La demanda, que nombra al alcalde Giménez y al condado mismo como demandados, solicita una orden declarando inválida la normativa del alcalde sobre detenciones de inmigración y la detención de Creedle, que duró menos de 48 horas, inconstitucional. También solicita daños compensatorios.
La ACLU afirma que la política de Miami-Dade “viola la Constitución de los Estados Unidos, incluyendo la prohibición contra las incautaciones ilegales bajo la Cuarta Enmienda y la garantía del debido proceso bajo la Decimocuarta Enmienda”.

“La ley de la Florida también prohíbe a los funcionarios de la cárcel detener a personas para fines de inmigración civil”, dijo la ACLU en un comunicado.

El condado de Miami-Dade ha estado deteniendo a personas en la cárcel con fines de inmigración desde que el presidente Trump amenazó en enero cortar el financiamiento para las “ciudades santuario”.
Miami H

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